Arranca consulta nacional; iniciativa llegará al Congreso el 12 de octubre
(Carlos Lara Moreno) El Gobierno de México puso en marcha este lunes la consulta nacional para elaborar la primera Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, un proceso que involucrará a 69 pueblos indígenas, un pueblo afromexicano y 16 mil 728 comunidades de todo el país, con el objetivo de enriquecer la iniciativa que la presidenta de la República enviará al Congreso de la Unión el próximo 12 de octubre.
Durante la conferencia matutina, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, informó que este lunes se firmó la convocatoria que formaliza el inicio del proceso de consulta para recoger las propuestas de los pueblos originarios y afromexicanos sobre el contenido de la nueva legislación.
“El objetivo del proceso de esta consulta es recibir opiniones, sugerencias, planteamientos sobre la propuesta de iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos de los titulares de esta ley”, afirmó.
La funcionaria explicó que el proyecto fue elaborado durante varios meses por distintas dependencias del Gobierno federal, pero enfatizó que corresponde ahora a las propias comunidades revisar, discutir y fortalecer el contenido de la propuesta.
“Esta ley fue construida por muchas dependencias, llevó muchos meses de trabajo; llegó el momento de consultar a sus titulares”, sostuvo.
La consulta será coordinada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, con el respaldo de un comité integrado por 21 dependencias federales y la observación de organismos nacionales e internacionales.
Consulta se desarrollará en cinco etapas
El proceso comenzará con la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación y continuará con una etapa informativa, del 1 de julio al 6 de agosto, para distribuir el contenido de la iniciativa en las más de 16 mil comunidades participantes.
Posteriormente, del 7 de agosto al 13 de septiembre, las comunidades deliberarán la propuesta conforme a sus sistemas normativos internos y mecanismos tradicionales de toma de decisiones.
“Cada comunidad va a deliberar conforme a su propio sistema normativo interno, respetando sus formas tradicionales de organización y de toma de decisiones”, destacó Alcalde Luján.
Como parte del proceso se realizarán 82 asambleas regionales y siete mesas de trabajo especializadas en Acapulco, Chihuahua, Monterrey, Tijuana, Guadalajara, La Paz y San Pedro.
Las propuestas serán sistematizadas entre el 21 de septiembre y el 11 de octubre, para incorporarlas al proyecto definitivo que será presentado el 12 de octubre, en el marco del Día de la Nación Pluricultural y el Día de la Resistencia Indígena.
“Las propuestas, recomendaciones y conclusiones recogidas en las asambleas regionales y mesas de trabajo se van a analizar y se van a incorporar al proyecto de iniciativa”, puntualizó.
Primera ley indígena en 200 años
Durante la presentación del proyecto, el director general del INPI, Adelfo Regino Montes, sostuvo que la iniciativa representa un hecho histórico al ser la primera legislación de carácter general en la materia desde la creación del Estado mexicano.
La propuesta reglamentará el artículo 2 constitucional y reconocerá a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, fortaleciendo su autonomía y el ejercicio de sus derechos colectivos.
“Esta ley tiene por objeto promover, proteger, garantizar e implementar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en su carácter de sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio para que puedan ejercer su autonomía y participar en la vida pública nacional”, explicó.
La legislación beneficiará a 70 pueblos, integrados por 69 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano, así como a 16 mil 728 comunidades, donde habitan 25.8 millones de personas, equivalentes al 20.5 por ciento de la población nacional.
El proyecto está integrado por ocho libros y un régimen transitorio, e incorpora temas como la libre determinación y autonomía; el reconocimiento de derechos del pueblo afromexicano; acciones afirmativas para mujeres, niñas, niños y jóvenes; atención a personas migrantes, adultas mayores y con discapacidad; consulta y consentimiento libre, previo e informado; coordinación entre los tres órdenes de gobierno, así como un régimen de responsabilidades y sanciones.
En materia de consulta, Regino Montes afirmó que la iniciativa busca establecer reglas claras para garantizar ese derecho.
“La idea es que ahora sí tengamos un marco legal para garantizar el derecho a la consulta a nuestros pueblos y a nuestras comunidades.”
Entre las innovaciones del proyecto destacó la creación del juicio de amparo indígena y afromexicano, orientado a proteger derechos colectivos y no únicamente derechos individuales.
“La idea es que el juicio de amparo garantice los derechos colectivos de nuestros pueblos y de nuestras comunidades.”
El titular del INPI informó que la iniciativa fue elaborada tras 148 reuniones de trabajo con 35 dependencias federales, consultas con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un comité técnico asesor integrado por 20 especialistas y el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas.
“Son 200 años de existencia del Estado mexicano; nunca habíamos tenido una ley indígena. Ahora tendremos una ley en la materia y con ello nuestros pueblos y nuestras comunidades aportan su grano de maíz en este proceso de construcción de la vida pública nacional”, concluyó.
